Las reformas incluyen temas como la seguridad vial como materia en las escuelas, incentivos para autos más ecológicos y mayor prioridad a peatones y ciclistas. Pero también trae puntos polémicos como la prohibición de ventas ambulantes en el transporte y la disminución de sanciones como, por ejemplo, al exceso de velocidad, en un país donde los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte.
 
El pasado 30 de abril, con 96 votos a favor y 32 abstenciones, la Asamblea aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Una reforma que, en medio de la pandemia, tomó más de dos años en tramitarse. Los objetivos de la misma fueron motivados por la alta cantidad de accidentes de tránsito, que se dan por uso del celular, exceso de velocidad, irrespeto a las señales de tránsito o conducir bajo la influencia del alcohol. Según el Ministerio de Gobierno, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país a una media anual de 33 muertes por cada 100.000 habitantes. Pese a esa realidad, en las reformas se disminuyen sanciones a los conductores. Estos son los 10 ejes que han atravesado los mayores cambios.

1. Incentivos para autos 100% eléctricos y de cero emisiones. Estarán exentos de la restricción vehicular y tendrán gratuidad en parqueaderos públicos. Asimismo se estableció que un 2 % del total de plazas de parqueo habilitadas deberán ser para el uso preferencial de este tipo de vehículos. Los GAD´s deberán regular el uso de vehículos como scooters mediante ordenanzas.

Pero impulsar unidades vehiculares electrónicas no es suficiente. Guillermo Abad, Secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, dijo que “uno de los problemas es la calidad del combustible. No te sirve de nada tener un vehículo con cero emisiones si acá solo hay costumbres de baja calidad. Los combustibles en el país tienen demasiados contaminantes que dañarían a esos vehículos”. Por lo tanto, el funcionario sostuvo que se tiene que trabajar en una política de combustibles a la par de la movilidad electrónica.

2. Prioridad a peatones y ciclistas. Se fijó al peatón y al ciclista en el tope de la pirámide jerárquica del uso del espacio público. Sin embargo, hoy en día la realidad es otra. Abad aseguró que “un 80% del espacio público lo ocupan los privados y todos los demás ocupan el resto”.

Se creará el registro de “Biciusuarios” para llevar una base de datos de la estructura y riesgos de siniestralidad. En adelante se otorgará títulos habilitantes solo a las unidades de transporte público que tengan accesibilidad para personas con discapacidad y una estructura portabicicletas. La normativa estipula que los GAD´s implementen redes de ciclo parqueaderos públicos de corta y larga estancia, seguros y visibles, en sitios estratégicos.

3 Sistemas de monitoreo para las unidades de transporte. Las unidades de las operadoras de transporte contarán con sistema de posicionamiento global satelital (GPS) de tecnología abierta donde deberán disponer de radares de velocidad, de posicionamiento, aforo y paradas que registren toda su actividad en navegadores que alimenten una base de datos.

EN QUITO, HASTA LA FECHA SOLO 1 DE 65 OPERADORAS HA CUMPLIDO LOS REQUISITOS Y ACCEDIDO A LA HOMOLOGACIÓN DE TARIFAS.

Para el aumento en las tarifas de los pasajes, las unidades deberán cumplir requisitos legales como la afiliación de sus trabajadores, pero también requisitos técnicos. En Quito, hasta la fecha solo 1 de 65 operadoras ha cumplido los requisitos y accedido a la homologación de tarifas. Abad argumenta que sectores del transporte público le han presionado por obtener la homologación de tarifas sin presentar los requisitos. Ante esto el funcionario dijo: “la tarifa debe responder a estudios técnicos, pero también a beneficios para el usuario”.

4. El exceso de velocidad no será castigado con menos puntos en la licencia. Ya no se eliminarán puntos a la licencia en las contravenciones de tercera a séptima clase, que incluyen por ejemplo exceso de velocidad, solo se las sancionará con multas. La reforma elevó a nivel de ley el límite de 20km/h en zonas escolares, que antes solo era parte del reglamento. Además, incorporó como medida de pacificación de tránsito un límite de 30km/h en zonas residenciales.

En uno de los debates de la reforma, el asambleísta Fredy Alarcón hizo alusión a los excesos de velocidad y las multas que de ahí emanan. “No puede ser que haya multas desproporcionadas, no puede ser que a pretexto de controlar se le meta la mano al bolsillo (al usuario) a través de la instalación de radares a diestra y siniestra sin ningún estudio técnico”.

Abad, en cambio, sostiene que “el problema no son los radares sino cómo se usan. Si lo que quieres es usarlo como un recurso de recaudo, poniéndolo detrás de una curva o en pendientes, te va a dar dinero”. Abad argumentó que se deben desarrollar sistemas por tramos móviles para medir el promedio de velocidad en un cierto segmento. Según el funcionario este método es más efectivo en disuadir a los usuarios de ir a altas velocidades. “Con esto no se les engaña, sino que se les educa para que no vayan a exceso de velocidad”.

Este tema no entró en vigor en la reforma, pero los GAD´s si están habilitados para implementar nuevos sistemas de control de velocidad con nuevas tecnologías. Según Abad, en Quito podría estar próximo a funcionar a través del orquestador de movilidad, un sistema integral tecnológico autosuficiente. Un tramo iría desde el pórtico del peaje del túnel Guayasamín hasta el otro extremo.

La bancada asambleísta de la Revolución Ciudadana expresó en un comunicado su rechazo a la reforma. “No se ha enfocado en resolver problemas de carácter estructural ni a una política de prevención y seguridad vial…”. La bancada dijo que la reforma puede contribuir al desorden por la sobreposición de competencias impuestas y que hay una serie de “incongruencias e inconstitucionalidades”.

Abad dijo que ve como positiva la descentralización ya que “la realidad de los municipios es distinta que la de agencias nacionales, y por lo demás las ordenanzas locales siempre estarán subordinadas a lo que diga la reforma”.

LA REFORMA ELEVÓ A NIVEL DE LEY EL LÍMITE DE 20KM/H EN ZONAS ESCOLARES, QUE ANTES SOLO ERA PARTE DEL REGLAMENTO. ADEMÁS, INCORPORÓ COMO MEDIDA DE PACIFICACIÓN DE TRÁNSITO UN LÍMITE DE 30KM/H EN ZONAS RESIDENCIALES.

5. Prohibidas las ventas ambulantes en las unidades. No se permitirá el comercio de productos dentro de las unidades de transporte público mientras estas se encuentran en circulación y sin que estas tengan la autorización de la autoridad de tránsito dentro del ámbito de su competencia. La Confederación de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos manifestó que “esta medida atenta contra los derechos de los trabajadores evitando que puedan trabajar y llevar sustento a sus hogares”. El organismo ha propuesto capacitar y carnetizar a los comerciantes minoristas como camino para legalizar su trabajo.

Según Guillermo Ramos, exdirector Nacional de Tránsito, “gran parte de la gente viene haciendo eso por tradición en todas las ciudades. Más bien habría que buscar una forma en que eso se pueda atender de una forma distinta. Esto se produce porque los terminales se manejan en cada ciudad como feudos independientes en asociación con los alcaldes. En cada terminal se cobran tarifas a discreción de los municipios. La gente para no pagar el valor de ingreso al terminal prefiere irse a las entradas de la ciudad y tomar ahí el bus. Ahí se forman puntos de venta. Es por el mal uso que se da a los terminales”.

6. Un sistema para los peajes. Se desarrollará el Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos que tendrá como finalidad conseguir el enlace integral entre las instituciones encargadas de la administración de peajes a nivel nacional. Ramos ve con dificultad la implementación de este sistema en la práctica. “Tendrían que hacer una cámara de compensación entre las instituciones que dan el servicio para cruzar cuentas”.

7. Cámaras para vigilar los controles policiales y evitar coimas. Los organismos de control de tránsito dotarán de cámaras externas para patrullas y cámaras personales homologadas a su personal operativo, con la finalidad de registrar los procedimientos propios de las infracciones de tránsito.

El asambleísta Jorge Corozo expuso en el primer debate de esta reforma que hay muchos agentes de tránsito que hacen operativos en lugares sin cámaras, lo que da lugar a desconfianza. Según Ramos, “hay una falta de planificación en los operativos de control. A cualquier parte y a cualquier hora se ponen en la vía pública. Eso genera tráfico y da lugar a coimas. Pero hay un problema mayor, los operativos son para seguridad y no para tránsito. Si tenemos revisiones vehiculares anuales cuál es el problema o la necesidad de que le hagan un control. Los que protestan por eso son los transportistas porque ellos salen con unidades que no tienen mantenimiento ni bitácora de control”.

8. Un registro sobre el desplazamiento de las personas. Se creará el Registro de Patrones de Movilidad, destinado a conocer los factores, condiciones y necesidades que motivan el desplazamiento de personas en el territorio nacional. Implementar este registro no será fácil. Ramos dijo que “no se ha logrado sistematizar ni siquiera los registros de licencias. En internet salen ofertas de que pueden dar licencias para chofer profesional, renovación de puntos o quitar multas. Eso se produce porque el sistema de la agencia es muy vulnerable. Estas reformas lo que hacen es soñar con imposibles”.

9. La seguridad vial va a las escuelas. Se incorporará a la malla de los colegios la materia Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial desde el nivel inicial hasta el bachillerato con respecto a la realidad lingüística de cada comunidad. Al respecto Ramos dijo que “el 90 % de los siniestros de tránsito están en un rango de edad entre los 18 y 35 años. El problema no está en los niños sino en este rango de edad donde no se ha dado ninguna campaña efectiva”.

10. La ANT ya no acreditará a las escuelas de conducción. Las escuelas de conducción contarán con una acreditación de calidad otorgada por el ente nacional encargado del Sistema de Educación Superior y ya no por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Según Abad, de la Secretaría de Movilidad del Municipio, este hecho es relevante ya que la ANT era “juez y parte” al ser quien acreditaba y fiscalizaba a estas instituciones. También se creó la licencia especial de operador para conductores de tranvías, metros, teleféricos, funiculares y otros similares. Los GAD´s deberán capacitar al personal operativo por lo menos dos veces al año. Además, se incentiva las buenas prácticas de tránsito con el 50% de la exoneración de la licencia para quienes no pierdan los 30 puntos de la licencia durante los cinco años de vigencia, así como el incremento de 4 puntos para quienes no hayan sido sancionados en por lo menos un año.